En 2014, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el objetivo explícito, entre otros, de “promover la participación de las organizaciones en la definición de agenda, así como en la elaboración, construcción colectiva, implementación y evaluación de políticas públicas” (lfposc, 2014, art. 1). La aprobación de esta ley representó un logro significativo en una lucha de décadas por parte de las organizaciones de la sociedad civil (osc) para ser incluidas como actores públicos legítimos y reconocidos (De la Vega, 2020). Junto con el establecimiento del Comité de Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Jalisco y la proliferación de programas e iniciativas relacionadas financiadas por el gobierno, la ley constituyó el reconocimiento del papel clave de la sociedad civil organizada en la gobernanza democrática del estado.