Los debates modernos acerca de la democracia son amplios, al igual que las posturas y desarrollos teóricos sobre el tema. No obstante, existe coincidencia en la importancia de la participación política de las personas para el establecimiento de consensos legítimos (que derivarían en el fortalecimiento de instituciones y reglas) o, en su caso, de contrapesos al poder gubernamental, lo cual redundaría en procesos más abiertos de toma de decisiones y de construcción de lo público en general. Esta visión compartida es determinante dentro de las concepciones normativas o de los “deber ser” de la democracia y, por ello, parecen poco controvertibles. Sin embargo, esta pretensión de llegar a modelos ideales puede minimizar, descontar o invisibilizar las relaciones de poder y de desigualdad existentes en torno a la participación y a la propia democracia. En otras palabras, no todas las personas o sectores poblacionales, en la realidad, pueden participar o lo harán desde posiciones similares y hacia efectos iguales. Su involucramiento y alcances dependerán, en mayor o menor medida, de sus diferentes capitales (económicos, políticos, académicos, sociales y simbólicos), de la estructura de oportunidades (que incluye, por ejemplo, los mecanismos formales de participación existentes y el nivel de apertura de cada gobierno al disenso), de los estados de problematización pública (qué temas interesan, a quiénes y qué nivel de debate provocan), de la posición geográfica e, incluso, del tiempo que las personas le pueden dedicar a participar.