El derecho a una educación de calidad en Venezuela dialoga entre dos realidades. Por una parte, los instrumentos legales garantizan el acceso y plantean importantes ideas sobre equidad; por otra, a través de estudios, se evidencia la coexistencia de situaciones de atraso, abandono y desigualdad. Desde la revisión del modelo de las 4–A de Katarina Tomasevski es posible identificar elementos críticos en los indicadores de asequibilidad, accesibilidad y adaptabilidad al derecho a la educación. La pandemia dejó en evidencia las serias deficiencias en este sector. Primero, el aumento de la brecha para acceder al servicio educativo, en especial en las zonas rurales y las áreas urbanas más vulnerables; segundo, fallas en los servicios básicos y
la Internet; tercero, docentes sin formación en el manejo de plataformas digitales y escasos recursos tecnológicos; cuarto, disminución del número de estudiantes matriculados; quinto, incremento en el deterioro de la infraestructura escolar. Los anteriores aspectos develaron problemáticas subyacentes que todavía hoy representan un punto crítico sin respuestas lógicas del estado. La crisis política–económica del
país ha impulsado la salida forzosa de docentes, en consecuencia, las instituciones educativas han quedado a merced de soluciones transitorias (nada beneficiosas para el aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes), una situación que reviste apremiantes soluciones de los actores: estado, sociedad civil, empresa privada y universidades. Finalmente, la revisión crítica de las autoras se dirige a cómo se ve el derecho a la
educación con calidad en Venezuela. Se ha considerado orientar la narrativa de acuerdo con datos (oficiales y no oficiales) y realidades (compartidas en investigaciones y noticias). Este ejercicio hermenéutico implicó en principio la lectura y la comprensión, hasta llegar a la interpretación.