A esta altura del texto la pregunta sobre si el estado debe intervenir o no en el sector cultural parece superflua. Desde las primeras reuniones internacionales sobre el tema se hizo alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su artículo 27, establece el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, así como a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Por otra parte, en el artículo 22 se determina que toda persona como miembro de la sociedad debe obtener –por el esfuerzo nacional y la cooperación internacional– la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Sin embargo, vale la pena recopilar argumentos en torno a este tema y explorar otras dimensiones.