En Estados Unidos, los mecanismos de capital compartido comprenden, entre otros, los planes de participación accionaria de los empleados (esop), las acciones restringidas y bonos vinculados al desempeño, las cooperativas de trabajadores, los fideicomisos de propiedad accionaria de los empleados (eot), los planes de compra de acciones para empleados (espp), las opciones sobre acciones, así como los planes de participación en utilidades. La literatura coincide en que una base patrimonial amplia entre la ciudadanía —y, en consecuencia, una clase media robusta— constituye un pilar para la sostenibilidad democrática (Blasi, Kruse & Freeman, 2017). Los fundadores de Estados Unidos intentaron materializar dicho ideal mediante la distribución de tierras; a partir de la segunda mitad del siglo xx, este principio se trasladó a la asignación de acciones corporativas, dado su carácter potencialmente ilimitado. Sobre esta premisa, empresas y trabajadores diseñaron una variedad de dispositivos para compartir propiedad y rendimientos. El gobierno federal consolidó la expansión de estos esquemas mediante incentivos fiscales y regulatorios, en particular, a partir de la Ley de Reforma Fiscal de 1974. Este capítulo examina la distribución actual de dichos planes, cuantifica su aporte patrimonial a la población y analiza las estrategias empleadas para mitigar el riesgo excesivo para los trabajadores.